El reciente caso de Juan Pablo Alvarado, vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, pone nuevamente bajo el foco las contradicciones éticas en la administración pública, particularmente entre aquellos que defienden una agenda de austeridad y privatización mientras aprovechan beneficios del sistema estatal.
Alvarado, conocido por su postura libertaria, pagó solo 94 dólares por pasajes a Florianópolis que en el mercado alcanzarían los $2 millones, utilizando beneficios destinados históricamente a empleados de la aerolínea. La situación genera múltiples interrogantes sobre la coherencia de los funcionarios en relación con las políticas que buscan implementar.
El discurso versus la práctica
Desde su ingreso a Aerolíneas Argentinas, Alvarado ha sido una de las voces más críticas de los privilegios sindicales y las supuestas «ineficiencias» de la compañía estatal. Sin embargo, al hacer uso de un beneficio que públicamente busca eliminar, envía un mensaje contradictorio sobre su rol y sus principios.
El caso refleja una tensión profunda: por un lado, se promueve la reducción del gasto público y la supresión de prerrogativas para empleados; por otro, los propios funcionarios que lideran esa agenda se benefician del sistema que critican.
Un contexto conflictivo
Este episodio ocurre en un momento especialmente sensible para la compañía, marcada por rumores de privatización y un conflicto abierto con los gremios. Sectores sindicales y trabajadores de Aerolíneas denuncian un intento sistemático de desprestigiar la empresa como excusa para avanzar con recortes o ventas. Alvarado no solo supervisa áreas clave como recursos humanos y operaciones, sino también sectores como rampas y cargas, que están en el ojo de la tormenta.
El precedente de Facundo Del Villar, quien debió cancelar su participación en una feria en Madrid tras un escándalo similar, refuerza la percepción de que el problema no es aislado.
¿Es sostenible el argumento de la austeridad?
Este incidente reabre el debate sobre la coherencia de una gestión pública que busca ajustes drásticos mientras reproduce prácticas criticadas en los trabajadores. Si la empresa debe reducir costos y operar con lógica privada, ¿por qué los funcionarios no dan el ejemplo renunciando a estos beneficios?
La pregunta que queda es si estos casos son excepciones mal vistas o parte de un patrón que evidencia la fragilidad del discurso libertario en la práctica. Por ahora, la imagen de Aerolíneas Argentinas sigue marcada por la polémica, tanto interna como externa.