Las petroleras están analizando un posible aumento en los precios de la nafta y el gasoil para noviembre, que podría llegar hasta el 9%, luego de una reciente baja del 1% en los combustibles. Este ajuste responde a la suba del precio del petróleo a nivel mundial, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de los costos en el surtidor.
En octubre, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, cumplió su promesa de bajar el precio de la nafta, como había anticipado meses atrás. Sin embargo, también había advertido que, en caso de un aumento del crudo, se trasladarían las subas a los precios de los combustibles. Ahora, con un alza del 13% en el valor del petróleo en solo una semana, las petroleras estudian si el incremento de noviembre será inevitable y en qué proporción.
El Gobierno observa de cerca esta situación, ya que un nuevo aumento en los combustibles podría afectar negativamente sus esfuerzos por reducir la inflación. La reciente baja en los precios del 1% en nafta y 2% en gasoil, aplicada el 1 de octubre, fue la primera desde 2019. Sin embargo, a pesar de este ajuste, el aumento de impuestos y la devaluación compensaron parte de la reducción.
Un ejecutivo del sector explicó que la situación actual deja a la nafta súper con un atraso del 9% respecto a los costos internacionales, lo que podría presionar para un incremento en noviembre. A su vez, las refinadoras, como YPF, Axion, Raízen (Shell) y Trafigura (Puma), aseguran que utilizarán como referencia el precio promedio internacional del petróleo Brent para evitar trasladar la volatilidad al mercado local.
La situación económica global, influenciada por la guerra en Medio Oriente y la desaceleración de la economía china, suma incertidumbre al panorama. Mientras tanto, el sector privado debe negociar los precios internos entre refinadoras y productoras, evaluando quién asumirá el sacrificio en los márgenes.
Para YPF, cualquier decisión será clave no solo para mantener su rentabilidad, sino también para evitar complicaciones legales. La petrolera enfrenta un juicio en Estados Unidos por la expropiación de la empresa en 2012, que podría costarle al Estado argentino más de 16.100 millones de dólares en indemnización.
