Este sábado, el presidente Javier Milei firmó los vetos a las leyes sancionadas por el Congreso que establecían un nuevo esquema de actualización para jubilaciones y declaraban la emergencia en discapacidad. La decisión será oficializada el lunes, con su publicación en el Boletín Oficial, según confirmaron fuentes del Gobierno nacional.
Los proyectos habían sido aprobados semanas atrás por el Senado con respaldo de la oposición, pero el Poder Ejecutivo demoró su rechazo formal para evitar que el tema regrese de inmediato a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia. Ahora, la pelota vuelve al Congreso: para revertir los vetos, se requerirán dos tercios de los votos en ambas cámaras.
Desde Casa Rosada reconocen que iniciaron negociaciones con gobernadores y bloques aliados para garantizar el sostenimiento de los vetos. Como parte de esas tratativas, trascendió que se evalúan incentivos como el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o futuros acuerdos electorales, de cara a las presidenciales de octubre.
El argumento del Ejecutivo es estrictamente fiscal: aseguran que las leyes aprobadas por el Congreso implicarían un incremento del gasto incompatible con el programa de ajuste y déficit cero que sostiene la administración libertaria. En reiteradas ocasiones, Milei dejó en claro que no convalidará ninguna norma que ponga en riesgo ese objetivo.
Una de las leyes vetadas es la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que buscaba reemplazar el esquema actual —basado en actualizaciones discrecionales por decreto— por un sistema mixto atado a la inflación y a los aumentos salariales. Además, establecía un piso mínimo de actualización mensual, garantizando una recomposición real para los haberes más bajos.
Por el momento, el Gobierno se mantiene firme en su rechazo, pero la última palabra la tendrá el Congreso, en un contexto de creciente tensión política y presión social. La discusión promete reactivarse en las próximas semanas.
