Buenos Aires – Mientras el Gobierno Nacional opta por el silencio frente al escándalo por el ingreso irregular de equipaje a bordo de un avión privado en febrero de 2024, la Dirección General de Aduanas inició una investigación interna para determinar posibles responsabilidades dentro del organismo.
El vuelo en cuestión pertenece a la empresa Royal Class, y fue operado por un jet privado propiedad de Leonardo Scatturice, empresario cercano al oficialismo, dueño de Flybondi y señalado como intermediario entre el presidente Javier Milei y el expresidente estadounidense Donald Trump. Según el dictamen del Ministerio Público Fiscal, el vuelo arribó al país el 25 de febrero de 2024 y partió el 5 de marzo, y presentó serias fallas en los controles de ingreso.
Entre las principales irregularidades señaladas por la Justicia, se encuentra que:
- Solo se declararon 5 de las 10 valijas que ingresaron en el jet.
- Los pasajeros no pasaron por los controles de equipaje establecidos por la normativa aduanera.
- No se realizaron controles continuos al avión mientras permaneció en el hangar de Aeroparque.
Se detectaron inconsistencias en los registros migratorios de los tripulantes y pasajeros.El plan de vuelo presentó datos falsos: se declaró ingreso desde Fort Lauderdale, pero en realidad el origen fue Opa-locka, también en Florida. Y en la salida, se informó un destino hacia EE.UU., pero en realidad el avión voló a París, con escala en Tenerife, España.
La pasajera principal del vuelo fue Laura Belén Arrieta, organizadora de la CPAC Argentina y empleada de una empresa de Scatturice. En su momento, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró públicamente que «se cumplieron todos los protocolos y controles aduaneros sin ninguna novedad», versión que ahora entra en contradicción directa con el dictamen del Ministerio Público Fiscal.
A pesar del escándalo, desde la Casa Rosada mantienen una postura hermética. Sin embargo, en un comunicado difundido este lunes, la Aduana ratificó haber realizado «los controles de rutina» y calificó las denuncias como “rumores con fines políticos”. No obstante, el organismo reconoció que se inició un sumario interno para determinar si existieron fallas y, en caso de comprobarse irregularidades, desafectará al personal involucrado.
Este episodio pone bajo la lupa los mecanismos de control del Estado, especialmente en un contexto donde desde el propio oficialismo se insiste en el combate contra la corrupción y la transparencia institucional.
