La crisis inflacionaria golpeó con fuerza a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: los jubilados y pensionados. Según estimaciones recientes de la Defensoría de la Tercera Edad, más de 5 millones de personas mayores se encuentran hoy por debajo de la línea de pobreza, con dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
El dato surge en medio de crecientes tensiones entre el Gobierno y la oposición por la nueva ley de movilidad, que el presidente Javier Milei aseguró que vetará. El proyecto aumenta las jubilaciones un 8,1% y, para el mandatario libertario, la norma «tiene como único objetivo destruir el programa económico».
De acuerdo con la Defensoría de la Tercera Edad, el costo de la canasta básica para un jubilado se estima en aproximadamente $800.000 mensuales. Esta cifra revela una marcada disparidad en relación con la jubilación mínima, que en agosto de 2024 se situó en $225.497,54.
A pesar de que se otorgó un bono adicional de $70.000, lo que elevó el ingreso total a $295.000, esta suma sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los jubilados en el país. Este escenario pone en evidencia la falta de medidas efectivas para salvaguardar el poder adquisitivo de este sector vulnerable frente a la creciente crisis económica.
La situación se agrava todavía más si se consideran otros sectores vulnerables dentro de la población de adultos mayores. A los más de 5 millones de jubilados que ya enfrentan dificultades económicas, se suman 500.000 personas que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto equivale al 80% de la jubilación mínima.
Esto significa que estas personas perciben ingresos aún más reducidos, acentuando su precariedad. Además, un millón de personas con pensiones no contributivas se ven obligadas a subsistir con apenas $220.000 mensuales, una cifra que está muy por debajo de lo necesario para cubrir los gastos más básicos.
En este contexto, Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, destacó que la crisis económica que enfrentan los jubilados tiene consecuencias directas y alarmantes sobre su salud. Según Semino, uno de los indicadores más preocupantes es la malnutrición que afecta a una gran cantidad de personas mayores, quienes no pueden acceder a una alimentación adecuada debido a sus bajos ingresos.
El defensor también subrayó que entre el 80% y el 90% de los adultos mayores padecen hipertensión y problemas de colesterol, condiciones que requieren una dieta balanceada y medicamentos específicos para ser controladas. Sin embargo, las jubilaciones mínimas resultan insuficientes para cubrir estos alimentos esenciales, así como para adquirir los medicamentos necesarios o pagar servicios básicos como la calefacción.
Esta combinación de factores está provocando un deterioro significativo en la calidad de vida de los jubilados, exponiéndolos a riesgos de salud cada vez mayores y a una mayor vulnerabilidad en su vida cotidiana.
