El Gobierno argentino ha introducido una serie de modificaciones a la Ley de Bases que regula el Régimen de Inversiones en Grandes Infraestructuras (RIGI). Estos cambios, que abarcan desde la reducción de actividades elegibles hasta ajustes en los plazos de cobro de exportaciones, buscan estimular la inversión en sectores estratégicos como la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. A continuación, se analizan los pros y contras de estas modificaciones para Argentina.
Pros:
1. Focalización en Sectores Estratégicos:
La reducción de actividades elegibles bajo el artículo 165 a sectores clave puede atraer inversiones más estratégicas y de mayor impacto económico. Esto puede mejorar la infraestructura y la capacidad productiva en áreas críticas para el desarrollo sostenible del país.
2. Fomento a Proveedores Locales:
El artículo 174, inciso L, que establece que al menos el 20% de la inversión debe destinarse a proveedores locales, promueve la industria nacional y genera empleo. Este requisito puede fortalecer las cadenas de suministro locales, incrementar la competitividad y fomentar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
3. Facilitación de Plazos de Cobro:
La modificación en los plazos de cobros de exportaciones (artículo 196) permite mayor flexibilidad financiera a los proyectos de inversión, facilitando la reinversión y la sostenibilidad a largo plazo. Esta medida podría atraer inversores extranjeros al ofrecer un marco financiero más atractivo y menos restrictivo.
4. Flexibilidad en Negocios Jurídicos:
La modificación del artículo 205, que permite la transferencia de acciones y otros activos sin autorización previa, facilita la financiación y movilidad de capitales. Esto puede atraer inversiones extranjeras y facilitar el flujo de capital, beneficiando a proyectos que requieren financiación rápida y flexible.
5. **Simplificación del Proceso de Aprobación:**
La simplificación del procedimiento de aprobación de un VPU (artículo 175) reduce la burocracia y agiliza el inicio de proyectos. Esta medida puede mejorar la eficiencia administrativa y acelerar la implementación de inversiones, contribuyendo a un entorno de negocios más dinámico y competitivo.
Contras:
1. Exclusión de Sectores:
La focalización en sectores específicos podría excluir otras áreas con potencial de desarrollo y diversificación económica. Esta limitación puede reducir las oportunidades de inversión en industrias emergentes que también podrían contribuir significativamente al crecimiento económico.
2. Dependencia en Proveedores Locales:
El requisito del 20% de inversión en proveedores locales podría enfrentar desafíos si la oferta local no cumple con los estándares de precio y calidad. Esto podría retrasar proyectos y aumentar costos, afectando la competitividad y viabilidad de ciertas inversiones.
3. Riesgos de Flexibilidad Financiera:
La mayor flexibilidad en los plazos de cobro de exportaciones y la libre disponibilidad de divisas podría generar riesgos de fuga de capitales y afectar la estabilidad cambiaria. Es crucial asegurar que estas medidas no comprometan la estabilidad macroeconómica del país.
4. Potenciales Abusos en Transferencias de Activos:
La eliminación de la necesidad de autorización previa para la transferencia de acciones y activos podría abrir la puerta a prácticas no transparentes y a la especulación. Es vital establecer mecanismos de supervisión para prevenir abusos y asegurar la transparencia en estas transacciones.
5. Desafíos en la Implementación:
La simplificación del proceso de aprobación de proyectos podría conducir a una evaluación menos rigurosa, resultando en la aprobación de proyectos menos viables. Es esencial equilibrar la rapidez en la aprobación con la rigurosidad en la evaluación para asegurar que solo se aprueben proyectos sólidos y sostenibles.
Marcelo Moreno / Par Formosa24
