Las declaraciones juradas 2024 presentadas ante la Oficina Anticorrupción revelan un dato que genera ruido político y social: la mitad del gabinete nacional concentra su patrimonio mayoritariamente en el exterior. Aunque la ley no prohíbe tener bienes fuera del país, la distribución de riqueza de los principales funcionarios del Gobierno reabre la discusión sobre transparencia, confianza en la economía local y ética pública.
Cuatro ministros con más del 60 % de su fortuna fuera del país:
🟣 Gerardo Werthein, Canciller: $92.056.875.605
Posee propiedades en Madrid, Punta del Este y Maldonado, además de vehículos de lujo como una Ferrari y un Mercedes Benz. El 65 % de su patrimonio está en el exterior.
🟣 Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia: $18.089.261.439
Declaró inmuebles en Miami Beach y Punta del Este, además de depósitos en Suiza, EE.UU., Puerto Rico y Uruguay. El 80 % de su patrimonio está fuera del país.
🟣 Luis Caputo, ministro de Economía: $11.851.166.833
El 65,8 % está fuera de Argentina. Según justificó, no repatrió sus fondos para evitar acusaciones de uso de información privilegiada.
🟣 Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación: $2.371.733.030
El 61 % de su patrimonio también se encuentra en el extranjero.
Contrapunto: ministros con patrimonio 100 % nacional
En contraste, hay ministros que declararon todo su patrimonio dentro del país, como Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), y también el propio presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Bullrich, por ejemplo, reportó un incremento patrimonial durante 2024 debido a la venta de un vehículo y otras operaciones menores. No declaró fondos ni bienes fuera de la Argentina.
¿Qué se discute?
Aunque tener dinero o propiedades en el exterior no es un delito, sí plantea interrogantes éticos y políticos:
¿Por qué los principales encargados de las decisiones económicas y diplomáticas no confían su patrimonio al país que gobiernan?
¿Qué mensaje se le da a la ciudadanía en un contexto de crisis, ajuste y recesión?
El debate queda abierto. Y los números están sobre la mesa.
