La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ordena al Estado nacional indemnizar a más de 500 trabajadores correntinos que fueron excluidos injustamente del programa Potenciar Trabajo. La sentencia declara que el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello divulgaron información falsa al acusar a los beneficiarios de incompatibilidades inexistentes.
El fallo exige al gobierno el pago de los beneficios adeudados entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, junto con los intereses correspondientes. Juan Manuel Cubilla Podestá, abogado defensor de los trabajadores afectados, calificó la decisión como “una sentencia de fondo” y “una bisagra en defensa de derechos sociales fundamentales”. La Cámara demostró que los trabajadores removidos son personas en situación de vulnerabilidad sin vínculos laborales con el Estado, y que la baja se basó en información errónea suministrada por la provincia de Corrientes.
El fallo también abre la puerta a nuevas demandas por daños y perjuicios contra los funcionarios responsables, resaltando la importancia de la verificación de datos en políticas de ajuste. Esta medida sienta un precedente en la defensa de derechos sociales y enfatiza la necesidad de un manejo transparente de la información.
Declaraciones clave del fallo
- «Resulta incompatible con el hecho de que aquella medida [Resolución N° 17/2023] se haya basado en datos erróneos y/o falsos.»
- «Desde un enfoque pro humano y en cumplimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional, corresponde la percepción del beneficio desde el momento de la suspensión -diciembre de 2023- hasta la reactivación en los nuevos programas».
