En medio de la controversia por su citación a declarar por supuestas infracciones al Código de Faltas, la diputada Gabriela Neme ha denunciado una persecución política. Sin embargo, es importante considerar lo que los artículos 114, 115 y 116 de la Constitución de la Provincia de Formosa establecen respecto a las inmunidades de los legisladores.
Artículo 114 establece que ningún miembro del Poder Legislativo puede ser arrestado durante su mandato, salvo en caso de ser sorprendido «in fraganti» cometiendo un delito que merezca pena privativa de libertad. En este contexto, la citación de la diputada podría considerarse como un procedimiento que, si no se ajusta a las condiciones de arresto o juicio establecidos, podría ser visto como un abuso de poder. Sin embargo, su rechazo a comparecer puede interpretarse como una intención de eludir la responsabilidad en un proceso que, aunque polémico, se está llevando a cabo dentro de las normas que rigen la conducta de los legisladores.
Artículo 115 menciona que, si se presenta una acusación por delito de acción pública o privada, la Cámara tiene la facultad de suspender las inmunidades y poner al legislador a disposición del juez competente. Esto implica que, aunque la diputada invoque inmunidad, su situación legal podría cambiar si la Cámara decide proceder de manera diferente.
Por otro lado, el Artículo 116 permite a la Cámara corregir disciplinariamente a quienes violen sus prerrogativas, lo que significa que Neme no está exenta de posibles consecuencias si su conducta se considera inapropiada según los estándares del cuerpo legislativo.
Si bien la diputada Neme apela a la solidaridad de los ciudadanos al calificar a la Policía de Formosa como una «policía mafiosa», es fundamental recordar que el marco legal que protege a los legisladores también contempla mecanismos de control y responsabilidad.
La insistencia de Neme en no asistir a la citación, sumada a su llamado a resistir ante lo que considera un abuso de poder, plantea una disyuntiva: si su comportamiento se justifica bajo el principio de inmunidad o si, por el contrario, se está utilizando esa inmunidad para evitar una debida rendición de cuentas.
