Un nuevo revés judicial enfrenta el Gobierno nacional. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) y suspendió por seis meses los efectos del Decreto 461/2025, con el que el presidente Javier Milei dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
La medida fue dictada por la jueza Martina Isabel Forns, quien ordenó que el Ejecutivo se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo vinculado al decreto, como cesantías, reubicaciones, suspensiones o supresión de estructuras del organismo.
La magistrada argumentó que la norma vulnera derechos laborales, la estabilidad del empleo público y la libertad sindical, al establecer que la continuidad del personal tiene una “fecha de vencimiento”. También cuestionó que cualquier movimiento de personal quede supeditado a la autorización del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger.
“Se verifican circunstancias graves y objetivas que justifican dictar una cautelar de no innovar, para evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo”, señaló Forns en su fallo.
En cambio, el pedido de nulidad e inconstitucionalidad del decreto no fue admitido en esta instancia, al considerarse que requiere un análisis más profundo.
