El ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, defendió públicamente la distribución de los fondos coparticipables a los municipios, luego de que el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, presentara una demanda de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia. Ibáñez aclaró que la provincia actúa conforme a lo establecido por la Constitución y la Ley 766, que regula la distribución de recursos fiscales entre Nación y provincias.
El ministro señaló que la administración provincial no ha sido notificada oficialmente de la acción judicial, pero adelantó que la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Economía responderán en el marco legal correspondiente. En este contexto, Ibáñez desmintió las acusaciones de Basualdo, quien afirmó que la provincia estaba «robando fondos» a los lomitenses, destacando que la distribución se realiza de manera transparente y ajustada a la ley.
Reclamos al Gobierno nacional y fondos recortados
Ibáñez aprovechó la ocasión para señalar que la disputa de fondo no es solo entre el municipio y la provincia, sino que también involucra al Gobierno nacional. Criticó los recortes que Nación ha aplicado a los fondos destinados a Formosa, afectando la construcción de viviendas, los módulos alimentarios para comunidades aborígenes y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
En ese sentido, sugirió a Basualdo que, dada su supuesta «excelente relación» con funcionarios nacionales, reclame la restitución de estos fondos que la Nación le ha quitado a la provincia. Ibáñez hizo hincapié en la importancia de recuperar los recursos necesarios para obras públicas y programas sociales que beneficien a Las Lomitas y a otras localidades formoseñas.
Obras paralizadas y la pelea por la coparticipación
El ministro también se refirió a las obras de infraestructura que han quedado paralizadas debido a la falta de financiamiento nacional, como las líneas de alta tensión que beneficiarían a localidades como Las Lomitas, y la reconstrucción del vínculo eléctrico internacional con Paraguay, crucial para el suministro energético en épocas de alta demanda. Según Ibáñez, estas obras son esenciales para mejorar la calidad de vida en la provincia, pero han sido interrumpidas por decisiones del Gobierno nacional.
Por último, Ibáñez subrayó que la verdadera disputa está en la distribución de los fondos de coparticipación federal, recordando que históricamente las provincias recibían dos tercios de los fondos, mientras que hoy esa proporción se ha invertido a favor de la Nación. Según el funcionario, esta es la «verdadera pelea», ya que las provincias han asumido mayores responsabilidades en áreas clave como salud, educación y servicios sociales, pero no han recibido los recursos necesarios para hacerles frente.
