En tanto, organizaciones sociales y sindicales, abogados y ciudadanos particulares presentaron alrededor de 30 acciones de amparo ante distintos fueros judiciales.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica, dictado por el presidente Javier Milei, entrará en plena vigencia este viernes, mientras que la Justicia aún no dio curso favorable a ninguna de las medidas cautelares presentadas para que lo suspendan, en el marco de alrededor de 30 acciones de amparos interpuestas por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares.
Así, el controversial DNU 70/23, que fue firmado por el presidente Javier Milei e integrantes del Gabinete nacional y publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último, entrará en vigencia ocho días más tarde, es decir, desde este viernes 29.
El instrumento legaal consta de 366 artículos y consiste en derogaciones y modificaciones de unas 300 normas que buscan la desregulación económica, así como también habilita privatizaciones de empresas estatales, entre otras iniciativas.
En tanto, en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la Aiudad de Buenos Aires había hasta el mediodía del jueves al menos 25 amparos y otros dos de la CGT y la CTA ante la justicia del Trabajo, según un relevamiento hecho por Télam.
En ese contexto, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari rechazó disponer una precautelar de suspensión de los efectos del DNU en el proceso colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad porque «al día de la fecha, las disposiciones del DNU 70/2023 no han entrado en vigencia».
Asimismo, la CGT apeló este jueves la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet que desestimó el dictado de una medida cautelar «interina» que suspenda el capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral porque aún no entró en vigencia.
El magistrado concedió la apelación, y ya giró el expediente a la sala ocho de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Por otro lado, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez reclamó el dictado de una medida precautelar para suspender el DNU en su totalidad, mientras tramita su amparo contra esa norma.