El magistrado federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó la medida cautelar que prohíbe la circulación de los presuntos audios de Karina Milei, enfrenta un complejo escenario judicial: tiene nueve denuncias abiertas en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual a trabajadoras de su juzgado.
De acuerdo con la notificación recibida la semana pasada, Maraniello dispone de veinte días hábiles para presentar su descargo ante la Comisión de Disciplina. Entre las acusaciones figuran presunto abuso de poder, acoso laboral, hostigamiento psicológico y mal uso de recursos del tribunal.
Las denuncias fueron impulsadas por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, que desde septiembre de 2024 exigió presencia policial en el juzgado para resguardar la integridad del personal. Según el gremio, varios testimonios dan cuenta de situaciones de vulnerabilidad y maltrato que ya están bajo análisis en el ámbito administrativo y judicial.
Una de las denunciantes relató haber sido citada por el juez fuera del horario laboral, en un contexto de intimidación que derivó en tocamientos y relaciones sexuales no consentidas. Otra empleada denunció mensajes y comentarios reiterados sobre su aspecto físico, además de represalias laborales tras rechazar avances personales.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres tomó intervención y derivó parte de las actuaciones al juzgado de María Servini, con la fiscalía de Carlos Stornelli, dado que los hechos podrían constituir delitos públicos.
Cruce con el caso Milei
El fallo de Maraniello que ordenó suspender la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei se da en paralelo a la investigación de sus propias denuncias. El Gobierno denunció que la filtración de esos materiales formaría parte de una “operación de inteligencia clandestina” destinada a dañar al oficialismo en plena campaña electoral.
La medida judicial, respaldada por el Ministerio de Seguridad, apunta a frenar nuevas publicaciones y evitar lo que el Ejecutivo considera un intento de desestabilización política. El expediente recayó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini, y contempla la investigación de los responsables de la difusión, incluido el canal de streaming que divulgó el material.
Mientras tanto, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura deberá evaluar si las denuncias contra Maraniello derivan en sanciones administrativas o en un proceso de remoción.
