El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quedó en una encrucijada judicial y analiza la posibilidad de ampararse en la figura del “imputado colaborador” para aliviar su situación en la causa que investiga presuntos sobornos y contrataciones irregulares con la droguería Suizo Argentina.
Por ahora, su defensa pidió una prórroga para contestar el planteo de nulidad impulsado por los dueños de la empresa, quienes aseguran que las pruebas reunidas —principalmente audios filtrados— son ilegales y que ya fueron investigados en un expediente previo que terminó archivado.
“Sin acceder al expediente es imposible responder sobre el pedido de nulidad”, advirtieron los abogados de Spagnuolo, quienes remarcaron que el juzgado debió aguardar a levantar el secreto de sumario antes de dar curso a ese planteo.
Estrategia en pausa
En el entorno del exfuncionario reconocen que, una vez que el secreto se levante y se formalicen las imputaciones, Spagnuolo podría evaluar convertirse en arrepentido. Por ahora, esa alternativa forma parte de conversaciones internas con sus defensores, pero no hay ningún pedido formal.
La jugada es leída en los tribunales como una señal: la prórroga solicitada busca ganar tiempo en un escenario donde las pruebas siguen siendo analizadas, mientras la Justicia avanza con allanamientos y secuestros de celulares sin resultados determinantes hasta el momento.
La investigación
El fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello tienen en la mira un presunto esquema de coimas en el marco de la ANDIS, con contratos millonarios adjudicados a Suizo Argentina, principal proveedora estatal de medicamentos. Spagnuolo aparece mencionado en audios comprometedores, donde incluso se nombra a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
Junto a él están imputados el empresario Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, quienes niegan las acusaciones y reclaman que todo el proceso quede sin efecto.
La definición sobre si Spagnuolo se acogerá a la figura del arrepentido dependerá de cómo avance el expediente una vez que se levante el secreto de sumario. Por ahora, la defensa juega a estirar los plazos mientras la investigación acumula pruebas, aunque todavía sin conclusiones firmes.
