El juez también pidió el levantamiento de su secreto fiscal y bancario.
El juez Julián Ercolini ordenó la inhibición general de los bienes del expresidente Alberto Fernández y pidió el levantamiento de su secreto fiscal y bancario en el marco de la causa de los seguros en la que está implicado. La medida también se aplicó para otros exfuncionarios de Nación Seguros y varios empresarios involucrados.
A parte de Fernández, la inhibición general es también para el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero; la secretaria del expresidente; el broker Pablo Torres García; los dos ex funcionarios de Nación Seguros, Mauro Tanos y Marcos Eufemio; y las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras. Por esta decisión no podrán vender ni disponer de sus bienes.
La empresa Bachellier es la que más comisiones cobró entre 2020 y 2024, sobre todo en 2022, cuando recibió $700.416.803, gracias al decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le dio el monopolio a Nación Seguros. Por comisiones, recibió en total $1.665.741.081.
Por su parte, San Ignacio y TG Broker son firmas que aparecen en una nota que envió a Nación Seguros el extitular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D»Angelo Campos, por el contrato para los créditos de los jubilados.
En febrero, el expresidente Alberto Fernández fue imputado por presuntas irregularidades en la contratación de seguros de la Anses, por un monto de miles de millones de pesos.
El fiscal federal Ramiro González lo acusa de los presuntos delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, en la contratación de un «broker y empresas privadas» para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.
La causa surge a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en la Anses vinculadas a las intermediaciones en los seguros durante el mandato de Fernández.
La normativa -que dejó sin efecto el actual Gobierno- ordenaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados, que cobraban comisiones.
