Con una amplia mayoría oficialista, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma constitucional que habilita la reelección indefinida del presidente y extiende el mandato presidencial de cinco a seis años. La iniciativa fue impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas, liderado por el propio mandatario Nayib Bukele, y contó con el apoyo de sus aliados. En total, la reforma obtuvo 57 votos afirmativos sobre 60 posibles.
Los cambios alcanzan los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. El más significativo elimina la prohibición de reelección inmediata, permitiendo que Bukele pueda postularse cuantas veces lo desee. Además, la reforma suprime la obligatoriedad de una segunda vuelta electoral cuando ningún candidato alcanza la mayoría absoluta y habilita la unificación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en una sola jornada electoral.
Una medida que favorece directamente a Bukele
Aunque el actual mandato de Nayib Bukele se extiende hasta 2029, esta reforma permitiría que se presente nuevamente en 2027, adelantando su posible continuidad en el poder. Desde su llegada a la presidencia en 2019, Bukele consolidó un control casi total de las instituciones del país, incluido el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía.
Críticas de la oposición y próximos pasos
Los partidos opositores, principalmente ARENA y Vamos, votaron en contra y calificaron la medida como inconstitucional. Sin embargo, su peso legislativo es escaso: apenas seis de los 60 diputados no responden al oficialismo, lo que limita cualquier posibilidad de frenar la reforma desde el Parlamento.
Para que los cambios entren en vigencia, la Constitución salvadoreña exige una segunda aprobación durante la próxima legislatura. Dado el actual panorama político, se prevé que el oficialismo ratifique la reforma sin mayores dificultades.
Nuevo avance del régimen de excepción
El mismo día en que se votaron las reformas constitucionales, el Congreso también avanzó hacia una nueva prórroga del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 como parte de la estrategia oficial para combatir a las pandillas. De ser aprobado, sería la prórroga número 41 consecutiva de esta medida, que ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos por sus efectos sobre las libertades individuales y el debido proceso.
