La Justicia de Estados Unidos concedió una suspensión temporal a la orden que obligaba a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes, encabezados por Burford Capital. Esta decisión, tomada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, representa un freno clave en la disputa judicial por la expropiación de la petrolera.
La medida, dictada por la secretaria del tribunal, Catherine O’Hagan Wolfe, detiene los efectos del fallo de la jueza Loretta Preska y le permite a Argentina ganar tiempo en la compleja batalla legal. Según el escrito, la suspensión administrativa temporal busca permitir «una presentación ordenada y la consideración» de los argumentos de ambas partes.
Lo que sigue en el cronograma judicial
El cronograma judicial es ajustado y crucial para el futuro del caso. Los demandantes deberán presentar su oposición a la suspensión este jueves, 17 de julio, mientras que la respuesta del Estado argentino está programada para el martes, 22 de julio. Una vez completado este intercambio de escritos, un panel de tres jueces evaluará si otorga una suspensión más extensa, la cual se mantendría vigente hasta que se resuelva la apelación de fondo.
Si la Cámara de Apelaciones concede la suspensión más larga, la orden de Preska de entregar las acciones de YPF quedará inactiva, lo que evitaría el riesgo de desacato para Argentina. Sin embargo, si el pedido es rechazado, la orden original volverá a estar vigente, poniendo al país en una situación delicada. El ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, anticipó que la resolución de la apelación de fondo podría tardar hasta 2026.
Argentina evita el riesgo de desacato
Desde el Gobierno, la decisión fue recibida con alivio y celebrada como «un gran revés en la justicia de Nueva York a favor de la soberanía argentina». Una fuente oficial confirmó que «ya no corren las 72 horas» de plazo que había impuesto la jueza Preska para la entrega del paquete accionario.
El viceprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, explicó que Argentina apeló tanto el fallo que condena al país a pagar 16.100 millones de dólares como la orden de entrega de las acciones. Stampalija agregó que, si ambas apelaciones son rechazadas, la defensa argentina aún tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia.
La suspensión actual, aunque temporal, le da un respiro vital al país y demuestra que, en el intrincado laberinto judicial de Nueva York, el tiempo es una estrategia más. La Cámara de Apelaciones no tiene un plazo fijo para tomar su decisión, por lo que las próximas semanas serán clave para definir el futuro de la petrolera estatal.
