Las recientes declaraciones del asesor presidencial Federico Sturzenegger, en torno a una posible modificación del régimen de coparticipación sin el aval de las provincias, reactivaron un debate sensible para el federalismo fiscal argentino.
En concreto, el economista sostuvo que, de avanzar en Diputados el proyecto ya aprobado en el Senado —que propone redistribuir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)—, se abriría la puerta a que el Congreso modifique la Ley de Coparticipación Federal sin necesidad de ratificación provincial. En sus palabras, eso implicaría “el mayor error político de su carrera” para quien lo intente, aludiendo también al posible fin de lo que calificó como “feudos fiscales”, con mención directa a provincias como Formosa y dirigentes como José Mayans.
¿Qué hay de cierto en esta interpretación?
Desde el punto de vista constitucional, la Ley 23.548, que rige el reparto de recursos entre Nación y provincias, no puede modificarse unilateralmente por el Congreso. Así lo establece el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, que exige una ley convenio: esto implica no solo una mayoría absoluta en ambas Cámaras, sino también la ratificación expresa de las 24 jurisdicciones (23 provincias + CABA).
Es decir, ninguna modificación puede hacerse sin consenso federal.
El proyecto en discusión en el Senado, en realidad, no toca el régimen de coparticipación, sino que apunta a restringir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional en la distribución de los ATN, un fondo que representa apenas el 1% del total de la masa coparticipable y que suele utilizarse para emergencias o asistencia financiera puntual a provincias.
¿Un cambio de fondo o un debate simbólico?
Si bien la reforma de los ATN podría tener un impacto político relevante —ya que reduce el margen de maniobra del Ejecutivo nacional—, no afecta directamente los coeficientes establecidos por ley ni la asignación que le corresponde a cada provincia en la masa coparticipable.
En ese marco, vincular esta discusión con un supuesto “blindaje fiscal” de Formosa o sugerir que se estaría frente al “fin de la impunidad presupuestaria” parece más una expresión ideológica que un análisis jurídico riguroso.
El verdadero debate pendiente
Cabe recordar que la Ley de Coparticipación vigente es de 1988 y que la reforma constitucional de 1994 dispuso, sin éxito hasta hoy, el dictado de una nueva ley convenio. Desde entonces, ningún gobierno —ni peronista ni no peronista— logró consensuar un nuevo esquema federal de distribución de recursos, lo que refleja la complejidad política del tema.
En ese contexto, la discusión sobre el federalismo fiscal y los mecanismos de financiamiento de las provincias es válida, pero requiere precisiones técnicas y voluntad de diálogo, no simplificaciones o etiquetas.
