La jefa de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la ANSES en Formosa, Patricia Arias, confirmó que alrededor de 1.000 personas han renunciado a sus pensiones por invalidez en la provincia. Esta situación se da en el marco de la segunda etapa de auditorías implementadas para detectar irregularidades en la asignación de este beneficio.
Según explicó Arias, el proceso de auditoría contempla la recepción y registración de documentación presentada por los beneficiarios ante profesionales de auditoría médica. Aclaró, además, que la ANSES no interviene en la gestión primaria ni en el otorgamiento de estas pensiones, sino que actúa como un nexo administrativo para la carga de documentación en el sistema.
“Los médicos auditores reciben un documento que certifica el proceso de control, el cual, junto con los estudios médicos presentados por los beneficiarios, debe ser entregado a la ANSES mediante turnos previos. Una vez ingresada la información, la resolución pasa a una instancia posterior en la que la ANSES ya no tiene participación”, explicó la funcionaria.
Arias también mencionó que muchas personas se acercaron a la ANSES en las últimas semanas para renunciar voluntariamente a sus pensiones, argumentando diversas razones. “Algunos beneficiarios manifestaron que lograron mejorar su estado de salud y consiguieron un empleo formal, por lo que solicitan la baja del beneficio para ser blanqueados laboralmente”, detalló.
Si bien aún no hay una cifra exacta, la funcionaria estimó que el número de renuncias hasta el momento ronda las 1.000 personas, en el contexto del proceso de auditoría en curso.
